Supongo que conoces la noticia de la anciana de Reus que ha fallecido por no pagar la luz. Era una mujer de 81 años que vivía sola y que murió al incendiarse el colchón de su cama. El fuego fue provocado por una vela con la que se iluminaba en su vivienda la octogenaria debido a que hacía dos meses que le habían cortado el suministro de electricidad. Una noticia que te deja los pelos de punta. Y que te hace reflexionar sobre si el próximo puedes ser tú. Hablamos de la famosa pobreza energética.
Si pensamos en gente pobre nos la imaginamos yendo a pedir a Cáritas, recogiendo comida de la basura o pidiendo por las calles, pero la maldita crisis ha provocado que también sea pobre la persona que no puede pagar la luz, el gas o la calefacción. Desgraciadamente en España cada vez hay más. Yo creo que de eso se tendrían que preocupar los partidos políticos cuando están en el Congreso y no tanto de si les han puesto en un sitio o en otro.
Y es que no hay duda de que la pobreza energética es una de las nuevas formas de vulnerabilidad que han aparecido con el aumento de las desigualdades. El recibo de la luz se ha incrementado en España un 52% desde 2008. En las economías familiares que se encuentran en el límite, un aumento de esta magnitud puede abocar al impago y al corte de suministro. Un estudio realizado en 2014 reveló que el 9% de los hogares españoles no pueden mantener la temperatura adecuada en invierno (entre 18 y 21 grados), lo que afecta a más de cuatro millones de personas. Creo que estos datos lo dicen todo.
En nuestro bloque de vecinos tuvimos un caso parecido de pobreza energética, y todos decidimos unirnos y consultar a un abogado que tenía su sede en una oficina suministrada por Cac Plus . Nos comentó que una de la soluciones era la disponibilidad de tarifas sociales que se adapten en función del nivel de renta y de las características específicas familiares, tarifas que deben ser reguladas al margen de que se vaya a un proceso de liberalización del suministro energético.
Posibles ideas
Las tarifas deben ser transparentes, incluyendo todos los costes. “El derecho a tarifa social debe regularse por ley como el derecho a ser compensado por los costes energéticos que se establezcan en cada caso”, nos comentó. De momento habrá que esperar. Y es que el nuevo ministro, Álvaro Nadal, tiene una buena patata caliente, y nunca mejor dicho, encima de la mesa.
Una idea que se me ha ocurrido es que el Estado devolveria hasta un 50% de la factura energética (electricidad, gas natural o butano) a los hogares en que anualmente esa factura suponga más de un 10% de los ingresos anuales. Evidentemente, un sistema de ayudas sería administrativamente caro para el Estado, pero a mí me parece la única forma de abordar seriamente el problema, que como has podido comprobar se esté llevando vidas.