El desarrollo sostenible, cuidar y respetar el medio ambiente, no solo ha ganado protagonismo en los últimos años a nivel social, sino que dentro del mundo empresarial se ha convertido en una prioridad, por lo que son muchas las empresas que se encuentran implantando sistemas de compliance ambiental con objeto de garantizar que se cumple con toda la normativa correspondiente a esta área.
Para muchos, esto del compliance ambiental no es algo conocido, pero hay que tenerlo presente, por lo que vamos a conocerlo a través de este artículo. Se trata del conjunto de procedimientos y buenas prácticas que adoptan las empresas para cumplir con las leyes, las normas y las regulaciones vigentes en cuestiones medioambientales y actuar de forma responsable con el medio ambiente, respetando los límites y los requisitos que establece la normativa, además de cumplir con su propia normativa interna.
El compliance ambiental puede ir más allá de la prevención de infracciones o delitos medioambientales para convertirse en una herramienta clave para que la empresa alcance y cumpla los compromisos climáticos de la Unión Europea y desarrolle una actividad sostenible y responsable a nivel medioambiental.
De manera que podemos decir que el compliance medioambiental es una rama que parte del compliance que surge como respuesta a los problemas de medio ambiente generados por las empresas y de los que son directamente responsables, como pueden ser la emisión de gases de efecto invernadero, la contaminación del suelo, el agua y el aire o la deforestación.
La relación entre compliance y medio ambiente tiene su pilar fundamental en la necesaria creación de unas pautas de actuación dentro de cada empresa para abordar la responsabilidad sobre el medio ambiente y promover los cuidados ambientales y el desarrollo sostenible.
El incumplimiento de las normas sobre medio ambiente puede conllevar la aplicación de sanciones muy elevadas a las empresas, por lo que prevenir se ha convertido en una prioridad para las organizaciones.
El incumplimiento tiene sus consecuencias.
Para saber algo más sobre el compliance y todo lo relacionado con la normativa medioambiental, nos hemos puesto en contacto con los profesionales y referentes en soluciones digitales, legales y técnicas para empresas que buscan servicios globales de consultoría, requisitos legales en medio ambiente, prevención de riesgos laborales, entre otros, de Worldlex. Así hemos sabido de primera mano que incumplir la normativa medioambiental puede tener consecuencias a nivel económico. Lo que más duele a las empresas.
En este sentido, las organizaciones que causen daño al medioambiente tienen que asumir los costes ocasionados e implantar las medidas que sean necesarias para que el daño sea reparado. Asimismo, las empresas que provoquen efectos negativos sobre el medio ambiente a consecuencia del incumplimiento de la normativa se pueden enfrentar a las consecuencias jurídicas penales correspondientes, que pueden ir desde la imposición de sanciones económicas hasta la disolución de la persona jurídica, pasando por la suspensión de la actividad por un determinado plazo de tiempo o la imposibilidad de acceder a ayudas o subvenciones.
No hay que olvidar las consecuencias que la comisión de este tipo de delitos puede generar en la reputación de la empresa, ya que hoy en día el respeto al medio ambiente es muy valorado y caer en un delito medioambiental puede suponer la pérdida de confianza de los clientes, los socios, los inversores y la sociedad en general.
La norma ISO 14001, implantada en el año 2015, daba a las empresas un plazo de tres años para que se adaptaran a la nueva norma, por lo que desde el año 2018 es la normativa medioambiental vigente y las empresas ya no se pueden auditar con base en la antigua ISO 14001 del 2008.
El objetivo de esta normativa es establecer un marco para la protección del medio ambiente y la prevención de los delitos medioambientales por parte de las empresas. Estas, a su vez, fijarán sus propias metas, como el cumplimiento de las obligaciones legales, la implantación de sistemas de mejora continua y la optimización de las comunicaciones internas sobre los aspectos medioambientales.
Para llevar a cabo este tipo de medidas, la norma señala una serie de requisitos como los que siguen a continuación:
- Conseguir el compromiso de todas las áreas que componen la empresa.
- Contar con la implicación de los altos directivos.
- Aprovechar las oportunidades para minimizar y mitigar los impactos que resulten perjudiciales para el medio ambiente.
- Identificar y tratar los riesgos ambientales que puedan resultar a causa de la empresa.
- Integrar las cuestiones medioambientales dentro de la estrategia general de la empresa y contar con ellas a la hora de tomar decisiones.
Implantar un sistema de compliance ambiental que resulte efectivo supone una serie de beneficios para la compañía en diferentes aspectos, como evitar sanciones, reforzar la responsabilidad de la marca y mejorar la reputación de la empresa.
El compliance penal ambiental puede prevenir la imposición de multas o sanciones que pueden resultar perjudiciales para la empresa. Estas sanciones pueden ser multas económicas, la restauración de los recursos naturales afectados, la pérdida de subvenciones, la inhabilitación temporal o incluso el cierre, sin olvidar las responsabilidades penales.
Aquellas organizaciones de cierta envergadura tienen la obligación de contribuir de forma positiva a su entorno y mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Para cumplir con su responsabilidad social, tienen que implantar políticas de desarrollo sostenible y lograr un crecimiento económico sin crear perjuicios en su entorno. Cumplir con la normativa contribuye a que mejore la imagen de la empresa, lo que puede abrir puertas a las empresas.
Las normas medioambientales
Lógicamente, para entender un compliance ambiental, hay que saber qué son las normas medioambientales. El derecho ambiental está constituido por el conjunto de normativa medioambiental en el que se establecen las disposiciones legales para proteger el medio ambiente y el cuidado de la salud humana. Cada país tiene su propio ordenamiento jurídico ambiental, que puede resultar muy diferente de un país a otro, por lo que es necesario que el ámbito geográfico se acote para poder establecer la correspondiente legislación medioambiental que se aplique. Si bien es cierto que todas las normativas ambientales tienen el mismo objetivo, lograr la protección del medio ambiente y establecer un sistema más sostenible.
En nuestro país, en la estructura de la legislación ambiental aplicada, hay que tener en cuenta la normativa comunitaria, estatal, autonómica y municipal. Por lo que se resume la estructura legislativa en pirámide, en la que siempre se tienen que cumplir todos los niveles jerárquicos. Las normas ambientales son más restrictivas a medida que se baja en la pirámide; es decir, la Comunidad Europea dicta unas líneas básicas y generales. A partir de ahí, el Estado, las comunidades y los ayuntamientos, cada uno dentro de sus competencias, tienen la capacidad para imponer los límites más restrictivos.
Lo que resulta más importante y relevante es que una norma de rango inferior a otra siempre tiene que ser más restrictiva que aquella de la que procede. Si el Estado fija unos límites de ruido, las comunidades autónomas pueden poner límites propios partiendo de esos límites previos y, de cambiarlos, serán siempre más restrictivos.
La Constitución Española encabeza el ordenamiento interno. La relación entre las leyes estatales y autonómicas depende también de la distribución de competencias; las leyes orgánicas y ordinarias tienen ámbitos materiales diferenciados, y los reglamentos están subordinados a las leyes. Tras pasar a formar parte de la Unión Europea, hay que tener presente todo el Derecho Comunitario integrado por reglamentos, directivas y decisiones que en algunos casos tienen que integrarse en el derecho interno y forman parte del ordenamiento jurídico español con un rango superior al de sus leyes.
Dentro del derecho español, existen diferentes tipos de normativas medioambientales que se clasifican en:
- Leyes. Marcan las disposiciones de carácter general con las directrices generales que regulan los diferentes ámbitos del medio ambiente. Pueden desarrollarse a través de los diferentes reglamentos.
- Reglamentos. Son normas jurídicas subordinadas a la ley, dictadas en ejercicio de la potestad reglamentaria.
- Reales decretos. Se trata de disposiciones legales que aprueban los reglamentos de desarrollo de las leyes del Estado y se aprueban mediante un Consejo de Ministros.
- Órdenes ministeriales. Son las disposiciones legales establecidas por cada ministerio en función de la materia a legislar.
- Órdenes autonómicas. Las disposiciones legales emitidas por los consejeros de las comunidades autónomas.
- Las disposiciones reglamentarias locales pueden tener diferentes formas, planes de urbanismo, ordenanzas, reglamentos… En todo caso, regulan todos los temas que son competencia de los ayuntamientos.
A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas adoptó en el año 2015 unos objetivos de carácter global con la finalidad de erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar el desarrollo sostenible con base en diecisiete objetivos que tienen unas metas específicas.
En conclusión, el cuidado del medio ambiente es una prioridad a todos los niveles. Tanto para la sociedad en general como para los ciudadanos de a pie a nivel personal y, por supuesto, para las empresas que, teniendo en cuenta toda la normativa, realizan sus compliance medioambientales para que sus organizaciones formen parte de un mundo más sostenible.
